Así lo dispuso la Corte Constitucional en su Sentencia C-520 de noviembre 5 de 2019.
La corporación declaró exequible de forma condicionada el artículo 33 de la Ley 1943 de 2018, que impedía afectar con costos y gastos las rentas de trabajo que se lleven a la nueva cédula general.
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